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Tras los 25 despidos del mes pasado en Atento Valencia, el 14 de septiembre se materializaban 37 más en Madrid

CGT denuncia la política laboral del Grupo Telefónica

Desde CGT continuamos denunciando la política de destrucción de empleo y persecución sindical que ya se ha convertido en característica dentro del Grupo Telefónica. La última manifestación de dicha política tenía lugar el pasado 14 de septiembre, cuando se materializaban 37 nuevos despidos en Atento Madrid, cifra que viene a completar la de 3.000 puestos de trabajo destruidos en un año en la subcontrata de Telefónica.

Gabinete de Prensa Confederal. Foto: CGT PV
Lunes 17 de septiembre de 2007

El pasado mes de enero abría sus puertas un nuevo centro de trabajo de la empresa en León, y en abril en Jaén. Al mismo tiempo se despedía a 179 trabajadores en A Coruña y a 93 en Valencia. En ambos casos, el motivo del despido alegado era la disminución del número de llamadas. Los tribunales han refrendado en estas últimas semanas la improcedencia de todos los despidos. El 15 de agosto llegaba una nueva tanda al centro de Valencia: 25 despidos, entre los que había 2 delegad@s de CGT, 2 ex delegad@s (delegad@s hasta junio de 2007), una de ellas estando de baja por maternidad, y además 3 afiliados (el 32 %: un tercio). Como respuesta han tenido lugar dos concentraciones en Valencia (los días 3 y 10 de septiembre) y una huelga de 24 horas (el día 10).

Esta sucesión de despidos masivos debe ser entendida también como parte de una política de deslocalización para obtener mayores beneficios a costa de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajos “perdidos” en el Estado español son “trasladados” a países como Marruecos, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos, contando no sólo con la pasividad del gobierno español, sino incluso con su colaboración activa, a través de la Agencia de Protección de Datos, puesto que este organismo está autorizando la exportación de los datos personales de los clientes a los mencionados países. Sin dicha exportación de datos no se podría realizar el “traslado” de los puestos de trabajo, dado que el teleoperador necesita acceder a los mismos para efectuar su trabajo.

A Telefónica y otras empresas les sale muy rentable, dado que en los países de destino están cobrando salarios muy por debajo del español (entre 120 y 150 euros/mes en Perú, unos 200 en Argentina, etc.). Sin embargo, para los trabajadores de aquí supone la pérdida de su puesto de trabajo, y el hundimiento de todo un sector de actividad económica en el que han prestado sus servicios durante años.

Tales despidos son en muchos casos ilegales, como acreditan las numerosas sentencias condenando a la empresa, pero el gobierno sigue permitiendo que de forma masiva se violen los derechos de los trabajadores, sin que parezca importarle que varios miles de puestos de trabajo se hayan perdido o se vayan a perder en los próximos años.

Se da además la circunstancia de que éste es un sector en el que trabajan mayoritariamente mujeres y a tiempo parcial. Un sector ya de por sí bastante precarizado y cuyo hundimiento supone en muchos casos un importante quiebro en el empleo de ciudades como A Coruña, Getafe, etc.